No hay enfoque diferencial en el régimen subsidiado para los pueblos indígenas

Nota 2

Foto: Etnia Wounan

Las barreras de atención son tan grandes como la estepa guajira o la selva amazónica.

En lo meramente formal las poblaciones indígenas gozan de una protección legal especial. Mediante la Ley 21 de 1991 se aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en el año 1989.

Para acoger los principios de diversidad étnica y cultural y garantizar la protección especial se expidió la Ley 691 de 2001 por la necesidad de que, de acuerdo con las diferencias étnicas, culturales, sociales y económicas de los pueblos indígenas, se diera un trato diferente en la legislación que permitiera la adecuación del sistema de seguridad social en salud con el fin de proteger la existencia como pueblos, con respecto al sistema general de seguridad social en salud enmarcado en la Ley 100 de 1993.

Luego, con la Ley 691 de 2001 se introdujeron aspectos diferenciadores en la asignación y operación de los subsidios en salud para estas comunidades; en la selección se estableció como mecanismo el listado censal, se reglamentó la afiliación colectiva y en el Pla Obligatorio de Salud POS, se introdujeron conceptos como el de medicina tradicional, entendida ésta como los conocimientos, prácticas, rituales, conceptos y procesos de salud integral que ancestralmente han realizado los pueblos indígenas como modelo de vida colectiva, enmarcado dentro de la cosmovisión de cada pueblo.

A pesar de existir regulación legal específica y de asignar importantes recursos económicos para la cobertura de salud y de programas complementarios de servicios sociales afines, como los de nutrición, persisten grandes dificultades para lograr la equidad y niveles de eficacia, efectividad y eficiencia aceptables en la prestación de tales servicios.

En términos generales, las comunidades indígenas de Colombia presentan una precaria situación de salud manifiesta en regulares condiciones sanitarias de las viviendas, una economía de subsistencia y una elevada frecuencia de enfermedades infectocontagiosas, como la infección respiratoria, diarreica aguda, de la piel y la tuberculosis pulmonar.

De poco o nada ha valido entonces la expedición de circulares, resoluciones, decretos, leyes, sentencias, fallos o mandatos constitucionales para que el derecho a la salud sea una realidad para los 1.392.623 almas que hay en Colombia, ni siquiera el contar con uno de los cinco regímenes especiales de salud que existen en el país.

Estas millón trescientos mil personas representan a 86 pueblos distintos. El 3.4% de la población del país es indígena. Los departamentos con mayor población indígena son La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba.

Según un estudio de las organizaciones Free Press Unlimited, War Child Holland y la Agencia pro infancia PANDI (Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia), publicado el año pasado, el 25 por ciento de los niños indígenas colombianos muere antes de cumplir los seis años de edad por cuenta de los altos índices de desnutrición y la deficiente asistencia en salud, mientras que este indicador es del 1,9 por ciento en el resto de menores de edad del país. El 70 por ciento de los niños indígenas sufren de desnutrición crónica frente al 12 por ciento de menores afectados en grupos no étnicos.

La salud de los indígenas colombianos debe ser abordada integralmente, pues está asociada con la falta de vivienda digna, la falta de protección frente a condiciones ambientales los expone a factores de riesgo; el poco acceso a servicios públicos básicos, entre ellos a agua potable y la disposición de residuos sólidos, sin lugar a dudas inciden en el estado de salud de los pueblos indígenas.

Algunos casos en La Guajira

No eran aún las 8:00 de la mañana de ese caluroso jueves 13 de noviembre, cuando Juana una indígena wayuu, recibió de las manos de la enfermera de turno, el diminuto, pálido, frío e inerte cuerpo de Sergio, su hijo de apenas dos meses de nacido, envuelto en una sábana. Había expirado a la 1 y 40 de la madrugada, producto de una hemorragia pulmonar.

El bebé estuvo cuatro días interno en la Unidad de Cuidados Intensivos GYO Medicalsas, que administra los servicios de cuidados intensivos al Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha. Según los médicos tratantes, el bebé había sido ingresado con una grave bronquitis y sepsis.

El día anterior, es decir el miércoles 12 de noviembre, el periódico local registraba en sus páginas la muerte de Rosa Elena Rosado Garavito, indígena arhuaca residenciada en el barrio La Sierrita de Palomino (Guajira). Su esposo Misael Villafañe, enfermero y promotor de salud de la empresa Dusakawi, EPS que les brinda protección en salud a las comunidades indígenas de la región, la llevó al centro de salud en estado crítico con nueve meses de gestación, pero estaba cerrado. Cuando la médico rural llegó, ya Rosa había parido sentada en una silla, contando con la ayuda de dos miembros de la Policía y su esposo. Debido a que su estado se agravó fue necesario pedir una ambulancia la cual tardó en llegar al sitio; para cuando Rosa fue internada en la clínica Cedes de Riohacha, sus signos vitales habían desaparecido.

El 28 de octubre, veinticinco días después de haber tenido a su bebé en la ranchería Iruysia, en el kilómetro 21 de la vía Riohacha –Valledupar, una menor de 13 años llevó a su recién nacido en malas condiciones de salud para ser atendido en el hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha. De inmediato, la joven madre y el bebé fueron valorados. El diagnóstico arrojó que la pequeña criatura sufría diarrea aguda y riesgo de sepsis neonatal (infección aguda expuesta, causa más común de mortalidad neonatal), poniendo en peligro su vida por lo que se hacía necesario su traslado a UCI. La niña de 13 años llegó acompañada de su abuela, quien se opuso rotundamente a que el recién nacido fuera trasladado a la UCI. El hecho ameritó a la trabajadora social del hospital a pedir la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a Asuntos Indígenas Policía de Infancia y Adolescencia y una guía bilingüe para que explicara en su lengua los riesgos a que estaba expuesto el paciente si no ingresa con urgencia a UCI. Después de 5 horas, funcionarias de la oficina de Trabajo Social del HNSR lograron convencer a las dos mujeres wayuu y el bebé fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Hoy el bebé está estable y se recupera satisfactoriamente.

Pero lo mismo no ocurrió con otro menor que días antes había fallecido por la negativa de su madre indígena de recluirlo en la Unidad de cuidados intensivos.

Historias como estas se repiten a diario en lugares recónditos, alejados de cualquier asomo de la llamada “realidad nacional”, donde habitan las no menos de 87 etnias indígenas que sobreviven en Colombia.

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