La salud de los indígenas: sin una política pública consistente

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Foto: Pueblo Yukpa

Desde la puesta en marcha del régimen subsidiado en 1995, la población indígena ha sido objeto de abandono por parte del Estado aunque las políticas y decisiones del mismo indiquen lo contrario.

Solo hasta el año 2001, seis años después, con la expedición de la Ley 691 de 2001 que reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema de Seguridad Social en Colombia, y el decreto 330, sobre la constitución y funcionamiento de entidades promotoras de salud (EPS) conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, es que se logró avanzar en la adopción de un trato diferencial para esta población.

Hoy día más de 1.000.000 de indígenas están cubiertos por el régimen subsidiado, de acuerdo con el registro de las empresas prestadoras de salud. Pero sin embargo no se cumple a cabalidad lo expresado y ordenado por las normas.

Veamos algunos aspectos de desconocimiento de las costumbres indígenas, frente al diseño de las políticas públicas en materia de salud.

En cuanto a la Identificación de los Beneficiarios de los Programas Sociales del Estado (Sisben), el instrumento jurídico válido para este propósito, para los indígenas es el listado Censal, porque la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha implementado mecanismos diferenciadores para la identificación de los indígenas, dado que las costumbres en materia de asignación de identidad en ellos puede ser muy distintos al resto de la población.

Un claro ejemplo es la población Wayuu en La Guajira donde las costumbres indican que muchas familias no registran a sus nacidos vivos, lo que quiere decir que la ausencia de documentos de identificación se presenta como una de las barreras de acceso a los servicios de salud.
Otro de los errores en el diseño de la políticas públicas de salud al no contener un factor diferencial con los pueblos indígenas, es que el régimen subsidiado desde sus inicio está ligado a la gestión de los entes territoriales, llámese municipios y distritos; de esta manera la asignación de recursos y la selección de beneficiarios la realiza el municipio, con un claro enfoque territorial, lo que se contrapone a las costumbres de algunos pueblos indígenas como los Nukak, pueblo nómada que tradicionalmente ha habitado entre el medio Río Guaviare y el curso alto del Río lnírida en el Departamento del Guaviare, de donde sus permanentes desplazamientos los ha excluido de los servicios de salud puesto que ninguna entidad territorial se hace cargo de ellos; similar situación se presenta con el pueblo Jiw de tradición semi nómada.

Desde el año 2004, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 exhortó al Estado a adoptar programas de salud con enfoque diferencial para la población indígena, específicamente para las comunidades Nukak y Jiw. Posteriormente mediante autos, el mismo órgano judicial ha llamado la atención sobre las condiciones precarias de salud de los indígenas, indicando que la atención que se brinda a las comunidades desplazadas de estas dos etnias, es deficiente por varios aspectos: a) por la inadecuada e insuficiente infraestructura, b) por la falta de personal capacitado e insumos médicos para que la atención sea integral, c) por problemas asociados a la indebida caracterización de la población indígena que repercuten, a su vez, al momento de hacer la correspondiente afiliación al sistema, y d) por la falta de un enfoque diferencial.

De otra parte está la incapacidad del Estado para estructurar un modelo de atención en salud exclusivo para estos colombianos, reconociendo la diferente concepción de la enfermedad, la existencia de prácticas curativas autóctonas, así como a los médicos tradicionales que son consultados por este segmento importante de la población.

Al respecto el Consejero de Salud de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Jesús Teteye, afirma que a la ineficacia en la atención en salud se suma que no se incluyen las medicinas ancestrales: “Estamos muy mal porque sufrimos por el tema de las EPS, las tutelas y la falta de cobertura; lo que nosotros proponemos es que se construya una política de salud que permita mantener nuestras medicinas tradicionales, pero apoyadas con políticas de prevención de parte del Estado, en pocas palabras, medicina tradicional y salud occidental. Estamos dispuestos a acompañar y orientar el proceso, necesitamos que las comunidades que se tienen que desplazar a las ciudades sean acogidas por planes de salud”.

En cuanto a la institucionalidad para provisión de los servicios, hoy existen las entidades promotoras de salud indígenas y las instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas, pero, muy a pesar de la importancia social y política que para el país representan estas entidades, su situación financiera no difiere mucho del resto de sus homólogas y están en grave riesgo frente al sistema de salud, pues en la práctica quizás no tengan ningún factor diferenciador con otros tipos de organizaciones que gestionan el aseguramiento en salud, a más de atender a una población cargada de necesidades básicas insatisfecha, los que los ubica en situación de mayor vulnerabilidad en materia de salud.

A esto se suma que estas entidades territoriales contratan solo asuntos de baja complejidad las con las IPSI y EPSI y los servicios de segundo y tercer nivel son atendidos en un 96 por ciento por IPS no indígenas, lo que dificulta el acceso a estas comunidades.

Quizás el único factor diferencial con respecto al resto de instituciones, es que los trámites para constitución y reconocimiento se adelantan ante el Ministerio del Interior; pero en su operación son organizaciones sociales, a las cuales se les evalúan estándares administrativos, financieros y asistenciales, al igual que a las EPS privadas.

En la actualidad existen 6 EPS que prestan los servicios de salud a los pueblos indígenas, son AIC EPSI, Anaswayuu, Mallamas, Dusakawi, Pijaosalud y Manexka. A diciembre 31 de 2014 presentan una situación financiera deficitaria, como se muestra a continuación:

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