Indígenas: con aseguramiento, pero sin acceso a la de salud

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Foto: Paeces

Actualidad y normas

El pasado 7 de octubre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó el decreto 1953 mediante el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de sus ancestros,  hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

El decreto establece las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural.

Este viene a ser un paso más en el largo camino que ha tenido que recorrer esta población para ir asumiendo su autonomía, la que sin embargo, se da en gran medida solo en el papel.

De ahí que se hace necesario tener en cuenta las siguientes normas:

LEYES (1)
 Es decir que sobre el papel, Colombia tiene uno de los sistemas jurídicos más avanzados del mundo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente, la realidad es bien diferente.

El  Plan de Desarrollo 2010-2014, anexo IV Acuerdo con los Pueblos Indígenas dice: “2. El Estado en sus tres niveles de organización, y en cabeza del Ministerio de la Protección Social, concertará con las autoridades y organizaciones indígenas la estructuración, desarrollo e implementación del SISPI (Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, SISPI), en todos los componentes concertados, para lo cual dispondrá de los recursos necesarios”.

En otro de sus apartes menciona “a. Asegurar la atención en salud integral y cobertura del ciento por ciento de la población indígena financiada en su totalidad por el Estado, exceptuando los casos definidos en el artículo 5º de la Ley 691 de 2001”.

Esto sin contar algunos artículos específicos que garantizan el enfoque diferencial:

–          Ley 691 de 001. Artículo 8o. Subsidio Alimentario. Debido a las deficiencias nutricionales de los Pueblos Indígenas, el P.O.S.S. contendrá la obligatoriedad de proveer un subsidio alimentario a las mujeres gestantes y a los menores de cinco años. El Instituto de Bienestar Familiar -o la entidad que haga sus veces- el Programa Revivir de la Red de Solidaridad (o el organismo que asuma esta función), los departamentos y los municipios darán prioridad a los Pueblos Indígenas, para la asignación de subsidios alimentarios o para la ejecución de proyectos de recuperación nutricional, a partir de esquemas sostenibles de producción.

–    Artículo 12. Parágrafo 2o. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, podrá fijar el valor de la UPC para los Pueblos Indígenas hasta en un cincuenta por ciento (50%), por encima del valor de la UPC normal, atendiendo criterios de dispersión geográfica, densidad poblacional, dificultad de acceso, perfiles epidemiológicos, traslados de personal y adecuación sociocultural de los servicios de salud.

–    Acuerdo 29 de 2011. Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud. Artículo 47. Comunidades indígenas. En concordancia con lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 de 2011, todos los indígenas afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán cobertura con los contenidos previstos en el presente Acuerdo en relación con lo definido para cada régimen, incluyendo los hogares de paso y las guías bilingües. Una vez se defina el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI, este será utilizado como uno de los insumos de referencia para determinar los beneficios que les serán proporcionados.

La pregunta que toca hacer entonces es: Si existe una Ley 691 de 2001 y recursos que aseguren la atención integral a los indígenas, ¿por qué la prestación del servicio es tan precaria y deficiente, demostrado con las altas tasas de mortalidad y morbilidad dentro de esta población?

En el país existen, según el Instituto Nacional de Salud,  1.452.427 indígenas en el régimen subsidiado. Distribuidos en 6 EPS indígenas (EPSI) y 53 EPS no indígenas, distribuidas por departamentos de la siguiente manera:
TABLAS